La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes el pasado viernes presentó ante la Organización de las Naciones Unidas, a través de la oficina para los refugiados una solicitud de protección para los nacionales mexicanos migrantes en los Estados Unidos de América. Les ofrezco un extracto de la promoción:
IDENTIFICACIÓN DE LA PRESUNTA
VÍCTIMA:
Mexicanos residentes en Estados
Unidos de América
IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES DE LA
VIOLACIÓN:
Presidente de Estados Unidos de
América: Donald Trump.
Vice presidente de Estados Unidos de
América: Mike Pence
Secretario de Estado de los Estados
Unidos de América: Rex Tillerson
Encargado de prensa del Presidente
de los Estados Unidos de América: Sean Spicer.
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA U
ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA COMUNICACIÓN:
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Aguascalientes, México: Jesús Eduardo Martín Jáuregui.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS
CIRCUNSTANCIAS DEL INCIDENTE EN QUE SE PRODUJO LA PRESUNTA VIOLACIÓN:
Según estimaciones del Pew Research Center, PRC (PRC is a
nonpartisan fact tank that informs the public about the issues, attitudes and
trends shaping America and the world.) en 2014 había 11.7 (once millones
setecientos mil) migrantes de México que residen en los Estados Unidos de
América , de los cuales aproximadamente la mitad se encuentran en situación
irregular.
México es la mayor fuente de
inmigrantes de EUA, y representa el 28% de todos los inmigrantes en ese país.
En 2014, los adultos inmigrantes no autorizados habían vivido en los EUA una
media de 13.6 años. El número estimado de Mexicanos inmigrantes no autorizados
fue de 5.8 millones en 2014, que es el último dato proporcionado por la Pew
Research Center. Los inmigrantes mexicanos han constituido una de las mayores
migraciones en masa de la historia moderna. Entre 1965 y 2015 más de 16
millones de inmigrantes mexicanos emigraron a los Estados Unidos de América. Es
importante puntualizar que toda esa cantidad de personas ya tiene su vida hecha
en ese país, incluso, muchos tienen hijos que nacieron ahí y obtuvieron su
ciudadanía por nacimiento. Toda esa población de origen mexicano se encuentra
amenazada de ser repatriada ante la inminente aplicación de las medidas
anunciadas por el actual presidente de EUA desde su campaña, que ha ratificado
ya en el ejercicio de su cargo. Su repatriación pondrá en riesgo no sólo su
subsistencia por la incapacidad actual de su país de origen de recibirlos y
proveerlos de empleos, sino que además pondrá en riesgo su vida por la
situación de violencia que vive México y que ha tenido como resultado cientos
de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos y decenas de miles de
fosas clandestinas. Producto del enfrentamiento de grupos de delincuencia
organizada entre sí mismos, en combate con las policías municipales y federales
y aún con el ejército que ha sido incorporado a tareas policíacas por la
incapacidad de aquellas para combatir el crimen. Adicionalmente como
consecuencia de la operación “Rápido y furioso” propiciada por el gobierno de
EUA, se armaron grupos delincuenciales, grupos para militares que teóricamente
pretendían enfrentar a aquellas, e incluso guerrillas que controlan sectores
importantes de los estados del sureste en la República Mexicana, por ello:
Se solicita a esa organización
humanitaria que reconozca a los migrantes mexicanos en situación irregular
residiendo en los EUA, como auténticos refugiados por razones económicas,
apegándose a uno de los principios fundamentales de “ius cogens” en el derecho
internacional que es que los refugiados no deben de ser expulsados o devueltos
a situaciones en las que su vida y libertad están en peligro; su único crimen
ha sido la búsqueda de trabajo para poder subsistir con sus familias y por
razones de seguridad, buscar salir de México para ponerse a salvo de la
violencia incontrolada, que se extiende prácticamente a todo el territorio
continental de éste país. Al considerarlos como refugiados ponerlos bajo su
atención y protección para evitar que se cometa con ellos un crimen de lesa humanidad,
por razones de su origen étnico , discriminándolos, acusándolos con un
estereotipo de asesinos, violadores, etc., tachándolos como “badmen”. Es de
resaltarse que las autoridades mexicanas no han realizado ninguna acción real
ni asumido compromiso para la protección de sus connacionales residentes en
EUA, razón por la cual se justifica también la consideración de refugiados
económicos.
Las declaraciones que se han hecho
por parte de Donald Trump, actual Presidente de los Estados Unidos de América en
contra de los mexicanos resultan xenofóbicas, discriminatorias e intolerantes,
tales como las siguientes:
En enero de dos mil quince durante
el foro “freedom summit” realizado en Iowa donde se dio a conocer como
precandidato a la presidencia por el partido Republicano utilizó palabras
fuertes para criticar a los inmigrantes mexicanos, diciendo lo siguiente:
“México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a gente con un
montón de problemas (…). Están trayendo drogas, el crimen, violadores y
algunos, asumo que son buenas personas”; después de la entrega de los premios
Oscar, en el mes de febrero del mismo año, declaró que “no estaba contento con
la entrega de la estatuilla al director mexicano Alejandro González Iñarritú” y
en ese mismo mes escribió en su cuenta de Twitter “el sistema judicial mexicano
era corrupto, en alusión a una demanda que en ese momento enfrentaba en México
y pidió que no se hicieran negocios con México”.
El dieciséis de junio de dos mil
quince, inició Donald Trump su campaña con un discurso en donde se refirió a
los mexicanos como “violadores y criminales” y dijo “cuando México envía a su
gente, no manda lo mejor, manda gente con muchos problemas que llevan problemas
y drogas, traen criminalidad”; señaló además, “los mayores proveedores de
heroína, cocaína y otras drogas ilícitas son de los carteles mexicanos, que
contratan inmigrantes mexicanos para que crucen la frontera traficando droga”.
Ese mismo día, en su discurso de lanzamiento de su candidatura para las elecciones
primarias del Partido Republicano declaró “México no es nuestro amigo. Nos está
ahogando económicamente”. En este mismo mes, Trump recibió una sentencia en
contra, condenando a la Trump Univerity por fraude, como respuesta declaró que
“el juez federal no podía ser justo por su origen mexicano”.
En agosto de dos mil quince acusó de
“asesinos a los mexicanos y que el gobierno mexicano les envía a gente mala
porque no quiere mantenerlos ni ocuparse de ellos”. En ese mismo mes boicoteó
en una conferencia de prensa al periodista de origen mexicano Jorge Ramos,
cuando al hacerle una pregunta sobre su política migratoria lo sentó y luego lo
mando sacar por medio de un guardaespaldas.
Durante toda su campaña
presidencial, Donald Trump repitió declaraciones como la siguiente: “tomaría
medidas que afectarían a los inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos,
y que implementaría políticas económicas que afectarían al Estado mexicano,
pues dijo que la gente que México mandaba a Estados Unidos eran personas con muchos
problemas que llevan drogas, crímenes, enfermedades mortales y que además son
violadores”. Todo esto esta soportado en cadenas de televisión de la Unión
Americana como ABC News, Telemundo, Univisión.
El dos de febrero de dos mil
diecisiete Donald Trump informó al Presidente de México Enrique Peña Nieto que
estaba preparado para enviar tropas norteamericanas para detener a “los hombres
malos de allá”, a menos que el ejército mexicano se esfuerce más por
controlarlos
De seguir adelante las políticas migratorias
anunciadas por el Presidente Donald Tromp, si todas estas personas son
deportadas tendrán graves problemas de adaptación, pues no cuentan con un
trabajo, se les ocasionaría un cambio radical de estatus económico, sus hijos
perderían años escolares, sin contar el riesgo por la violencia generalizada en
México.
Si bien es cierto el Manual de
Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en virtud
de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los
Refugiados establece una distinción entre emigrante por motivos económicos y
refugiados; también enfatiza que la distinción entre ambos conceptos en
ocasiones es imprecisa como la distinción entre medidas económicas y políticas
adoptadas en el país de origen del solicitante.
En el párrafo 63 del Manual
mencionado, explica que en los casos en que las medidas económicas destruyen
los medios económicos de determinado sector de la población, las víctimas
pueden, de acuerdo con las circunstancias, convertirse en refugiados al
abandonar el país; bajo ese tenor, es que se hace la atenta petición para que a
los mexicanos que viven de forma irregular en Estados Unidos de América se les
considere refugiados, pues las condiciones de vida en México son conflictivas,
peligrosas y sin oportunidades para que sus habitantes tengan un desarrollo
económico desahogado, una vida digna y segura, y respeto por sus derechos
humanos.
En México se observan los actores
estatales como fuentes de violencia, ya sean fuerzas armadas; la Policía Federal
y distintos destacamentos policiales de las entidades federativas y
municipales; elementos de la Procuraduría General de la República y de las
distintas procuradurías de justicia de las entidades federativas; personal del
sistema penitenciario tanto federal como estatal; así como elementos de otras
agencias estatales, por ejemplo el Instituto Nacional de Migración.
Juan E. Méndez, Relator especial de
esa organización sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, tras su visita a México en diciembre de 2014, expresó que en 2012
el número de efectivos militares en tareas de seguridad ciudadana alcanzó los
50,000 según fuentes de las Naciones Unidas. Las actividades de seguridad
ciudadana interna realizadas por parte de elementos de las fuerzas armadas han
traído consigo un número considerable de quejas por violaciones a los derechos
humanos.
Con respecto a la situación
socioeconómica, la desigualdad social y económica es uno de los principales
generadores de violencia. Las cifras más recientes publicadas por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), indican
que en México hay aproximadamente 55,300,000,00 personas en situación de
pobreza, 11,400,000,00 de las cuales viven en situación de pobreza extrema; es
decir el 42% de la población mexicana vive en situación de pobreza. La
desigualdad afecta de manera diferenciada a los sectores más vulnerables de la
población, como los pueblos indígenas, quienes tienen una tasa de pobreza
cuatro veces mayor; y las personas migrantes.
El tráfico de armas también incide
en los niveles de violencia, pues según lo dispuesto por la Ley Federal de
Armas de fuego y Explosivos, permiten la posesión sólo de armas de fuego de
ciertos calibres y solo para ciertos fines y establece los requisitos puntuales
para la comercialización de armas de fuego, entre los que destacan registro y
obtención de permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así
como el incumplimiento con dichos requisitos.
En 2005, Estados Unidos de América
permitió la entrada de armas a México, pues por medio del proyecto “Gunrunner”
iniciado como un programa piloto en Laredo, Texas por la Oficina de Alcohol,
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, autorizó la venta
de 2,500 armas a presuntos criminales mexicanos para dejarlas pasar ilegalmente
hacia la frontera mexicana con el objetivo de poderlas rastrear y darles
seguimiento, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que
posteriormente van a dar a manos de narcotraficantes; en 2009 la ATF advirtió
al Congreso de Estados Unidos de América que el 70 por ciento de las armas
recuperadas en México y que fueron rastreadas por la Agencia, fueron vendidas
en los Estados Unidos, en octubre de ese año se le denominó a la investigación
“Rápido y Furioso”. En 2011, el gobierno mexicano se enteró de la existencia
del programa Rápido y Furioso.
Estados Unidos y México firmaron un
acuerdo de cooperación en materia de seguridad, incluyeron a Centro América,
llamado iniciativa Mérida y fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos
de América en octubre de 2007; el propósito de este plan era combatir la
amenaza del tráfico de drogas, la delincuencia transnacional organizada y el
lavado de dinero, para alcanzar sus objetivos, Estados Unidos se ha concentrado
principalmente en la formación y equipamiento de fuerzas militares y de
oficiales de policía involucrados en los esfuerzos antidroga; también como
parte de la iniciativa Mérida, los Estados Unidos de América han apoyado en la
mejora de la seguridad fronteriza y, en menor medida, la reforma de la policía
de México y las instituciones judiciales. El gobierno de Obama respondió con un
nuevo plan llamado “Beyond Mérida” en 2011, esta nueva estrategia busca
mantener los objetivos originales de la Iniciativa Mérida que incluyen el
debilitamiento de los grupos delictivos organizados a través de la capacitación
y el equipamiento del ejército mexicano y agente de policía; y al mismo tiempo,
trasladar parte de su enfoque poniendo más énfasis en la institucionalización
del Estado de Derecho, el desarrollo de una frontera del siglo XXI, y la
construcción de comunidades fuertes y resistentes en ambos lados de la frontera
entre México y los Estados Unidos; en cuanto al tráfico ilegal de armas a
México durante el gobierno de Barack Obama, el gobierno destinó millones de
dólares a agencias federales de la frontera para ayudar a contratar y capacitar
a más oficiales que no sólo revisaran lo que entra a los Estados Unidos de
América, sino también lo que sale; sin embargo no se logró reducir el flujo de
armas hacia el sur.
Ombudsperson de Aguascalientes Jesús Eduardo Martín Jáuregui
Fuente: http://bullidero.blogspot.mx/2017/03/mexicanos-en-eeuu-migrantes-o-refugiados.html
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